España sigue adelante con sus planes para regular el cannabis medicinal, pero la propuesta ha desatado la polémica. Diseñado por el Ministerio de Sanidad, el plan permitiría el cannabis como tratamiento de último recurso para determinadas afecciones graves. Sin embargo, muchos expertos y defensores de los pacientes sostienen que las restricciones son demasiado estrictas y limitan el acceso a quienes podrían beneficiarse de ellas.
Un enfoque estricto y limitado
Según la normativa propuesta, sólo los pacientes con afecciones específicas -como esclerosis múltiple, ciertas formas de epilepsia, náuseas inducidas por la quimioterapia y dolor crónico resistente a otros tratamientos- podrían optar al cannabis medicinal. Los críticos afirman que esta lista es demasiado estrecha y excluye a muchos pacientes que podrían beneficiarse, como los enfermos de cáncer, Alzheimer, Parkinson o fibromialgia.
Otra restricción importante es que los medicamentos a base de cannabis sólo estarán disponibles en las farmacias de los hospitales, no en las farmacias comunitarias normales. Además, sólo los médicos especialistas -no los médicos generalistas- podrán recetar estos tratamientos. Aunque estas medidas pretenden garantizar un uso controlado, también crean obstáculos para los pacientes, sobre todo los de zonas rurales, que pueden tener dificultades para llegar a una farmacia hospitalaria.
Preocupaciones de los grupos de defensa del paciente
Muchas organizaciones de pacientes sostienen que el plan dificulta innecesariamente el acceso. Exigir recetas de especialistas podría dar lugar a mayores tiempos de espera y retrasos en el tratamiento, empeorando el sufrimiento de los pacientes con enfermedades crónicas. Además, la exclusión de los médicos de cabecera significa que muchos pacientes podrían tener que recorrer un proceso más complejo y largo para obtener cannabis medicinal.
A la zaga de otros países
Aunque la propuesta española supone un avance -especialmente si se compara con la anterior falta de regulación-, sigue siendo mucho más restrictiva que las políticas de otros países. Las naciones con programas de cannabis medicinal más flexibles permiten a los médicos más discreción a la hora de recetar cannabis para una gama más amplia de afecciones. En cambio, el enfoque español sólo permite el consumo de cannabis cuando han fracasado todas las demás opciones de tratamiento, lo que, según los críticos, limita injustamente sus posibles beneficios.
El papel de la influencia política e internacional
El camino de España hacia la regulación del cannabis medicinal ha sido lento, marcado por años de debate político y retrasos burocráticos. El gobernante Partido Socialista (PSOE) dudaba en seguir adelante, en parte debido a las preocupaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el valor medicinal del cannabis. Sin embargo, después de que la OMS actualizara su postura, el Gobierno español acordó en 2021 estudiar cómo otros países regulan el cannabis medicinal. Esta investigación ayudó a dar forma a la propuesta actual, aunque muchos creen que todavía se queda corta.
Encontrar el equilibrio
España busca modelos internacionales para crear un sistema que equilibre la innovación médica con una estricta normativa sanitaria. Aunque la propuesta actual es un paso adelante, los defensores de los pacientes y los expertos sostienen que se necesita más flexibilidad. A medida que la investigación médica siga evolucionando, es posible que España tenga que adaptar sus políticas para garantizar que los pacientes puedan acceder a todos los beneficios del cannabis medicinal sin barreras innecesarias.